Lo acusan de la muerte de un chancho

Un profesor denunció un acto de corrupción en una escuela y terminó siendo perseguido y separado de su cargo

Al agotarse la vía administrativa, el profesor decidió recurrir a la instancia judicial para resolver su problemática.
Al agotarse la vía administrativa, el profesor decidió recurrir a la instancia judicial para resolver su problemática.

El conflicto que involucra a Marcelo Ruiz Díaz, profesor de la Escuela de Educación Secundaria Agraria, es de larga data y comienza en el año 2009 cuando denuncia una serie de irregularidades en la institución. Ante un posible caso de corrupción por el desvío de fondos, decidió realizar una presentación ante la Justicia para que se investigue el hecho.

Con una trayectoria de más de 15 años en la docencia, luego de realizar esa denuncia, comenzaron una serie de atropellos y abusos de poder por parte de las personas a las que había acusado. Tanta fue la persecución que terminó siendo separado de su cargo por un episodio que no tuvo una explicación concreta y específica.

El proceso penal que se había iniciado en el año 2009 tras la presentación judicial de Ruiz Díaz a un consejero escolar que había sido director del establecimiento tres años antes y también a personal con funciones jerárquicas. La acusación era por malversación de caudales públicos, ya que los fondos que recibía la escuela para realizar distintos proyectos no eran destinados como correspondía.

En este sentido, a raíz de la investigación que se inició, a los pocos meses se descubrió que se desviaban los fondos que recibía la escuela que deberían ser destinados para distintos proyectos educativos, se detectaron irregularidades en las facturas y se sospechó de una asociación ilícita. Actualmente, la acusa está con pedido de elevación a juicio.

Sin embargo, lejos de complicarse su situación judicial, los involucrados fueron escalando en el sistema educativo y terminaron perjudicando la laboral del profesor, que fue apartado de su cargo. Por tal motivo, el docente remarca que está siendo víctima de persecución por parte de los inspectores de la Rama de la Educación Agraria Luis Omar Balenzuela; Griselda Noemí Parodi y la Inspectora Jefa Distrital Stella Maris Ilvento.

En diálogo con NOVA, Ruiz Díaz remarcó que “siempre tuve persecuciones dentro de la escuela porque denuncié a gente que estaba en funciones y sufrí mucho hostigamiento, pero nunca llegaron al límite de generarme un sumario administrativo de ese tenor, como lo hicieron en 2018, donde me acusaron con cuestiones que son totalmente falsas. En junio de ese año fui apartado de mi cargo y agoté todas las instancias administrativas de quejas”.

Al ver el hostigamiento y el abuso de poder, el profesor decidió presentar todas las pruebas a la ayudantía del fiscal de Salto, que está dentro del Departamento Judicial de Mercedes. La intención fue judicializar el tema y por eso presentó una denuncia para encontrar una salida al conflicto y la causa recayó en la UFI 2, quien tiene las primeras instrucciones y partir de ahí comenzó a hacerse público.

Apartado de su cargo como docente, actualmente está haciendo tareas administrativas en el Consejo Escolar y en el Centro de Investigaciones Educativas, pero sin ninguna labor específica. Además, tiene que cargar con una estigmatización: "Ya la superé, en su momento fue muy duro, pero ahora decidí dejar todo en manos de la Justicia y apuesto a que resuelva así", le expresó a NOVA.

El conflicto que lo atañe comenzó cuando una empresa donó maíz de descarte que no sirve para semillas para ser utilizadas en la escuela. Como ingeniero agrónomo, con sus conocimientos, acondicionó el lugar para almacenarlas. Sin embargo, a los pocos días apareció un chancho muerto y lo culparon. Pronto lo citó la jefatura distrital, y le comunicaron que lo relevaban de sus funciones por haber cometido una falta grave.

El animal habría muerto por envenenamiento, y lo sindicaban a Ruiz Díaz como el principal responsable, y que por eso había puesto en riesgo a los chicos. Pero nunca le mostraron pruebas de ello, ni ningún estudio que así lo determinara, por lo que enseguida reflexionó que se trataba de un caso de abuso de poder por haber denunciado un caso de corrupción.

Pasaron cerca de dos años desde que fue separado del aula, y hasta el momento está esperando una solución específica que no la pudo alcanzar por la vía administrativa y por eso recurrió a la Justicia, por lo que sostuvo que la realidad que le toca vivir en la actualidad “atenta contra mi dignidad como trabajador y como persona”.

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